A la espera de proyectos
Tal vez muchos no lo sepan, pero todos los años un porcentaje del dinero que el Estado obtiene mediante la ley del cheque está a la espera de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Desde construir un centro de rehabilitación, pasando por la compra de un vehículo, y hasta la refacción de una vivienda, todas estas iniciativas tienen oportunidad de ser financiadas con este dinero, que desde hace varios años administra la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis).
Sin embargo, desde su entrada en vigor (hace más de una década), el manejo de estos fondos ha sido muy cuestionado por diferentes sectores debido, principalmente, a la poca difusión que se ha dado al tema.
“Siempre que vamos a dictar talleres al interior nos encontramos con que no sólo no está muy difundida la existencia de los programas, sino también, lo que es más grave, la de la propia Conadis”, se lamenta Hugo Fiamberti, responsable del programa de participación ciudadana de la Fundación Par.
Fiamberti cree que este nivel de ignorancia va de la mano de la subejecución de los fondos que el Estado gira anualmente en forma variable. “En 2005 se subejecutaron 42 millones de pesos y en 2006, unos 31 millones. Es mucho dinero. Y destinos posibles no faltan”, agrega con ironía.
Con él coincide la licenciada Ana Dorfman, coordinadora general del área de Discapacidad de la AMIA. “En 2008, durante la Tercera Jornada Nacional de Accesibilidad Urbana y Edilicia, en la que tuvimos una gran participación y representatividad de municipios y localidades del interior, una vez más comprobamos que una de las barreras para que nuestro país cumpla el Plan Nacional de Accesibilidad es el poco conocimiento sobre cómo se llevan adelante estos proyectos; insuficientes recursos humanos especializados en accesibilidad, y, recurrentemente, escasa difusión de la posibilidad que tienen los organismos estatales de requerir el dinero.”
El presbítero Pablo Molero, representante del Comité Asesor integrado por ONG que tiene la Conadis, reconoce la falta de difusión. “Nosotros nos hemos quejado al respecto. Se nos dice que no está permitido gastar dinero de los fondos que gira el Estado para hacer publicidad. Pero si la gente no se entera de que esos fondos están, no puede usarlos. Me parece una vergüenza. No entiendo por qué un organismo no puede hacer propaganda de los fondos que tiene. Es un absurdo”, se lamenta este sacerdote que, en su calidad de representante del Comité Asesor de la Conadis, integra el Comité Coordinador de Programas, órgano encargado de analizar y aprobar o rechazar los proyectos que se reciben. Molero fue la única fuente de la Conadis a la que se pudo acceder, ya que, a pesar de reiterados intentos, ningún miembro del staff permanente aceptó mantener una entrevista.
Historia controvertida
La historia de este fondo comenzó en 1995, con la sanción de la ley 24.452, que disponía la creación de un fondo exclusivo para este tipo de proyectos con lo obtenido por la ley del cheque. Pero sobre la marcha sufrió modificaciones: fue suprimido mediante la ley 25.413 en 2001 y rehabilitado en 2003, mediante la ley 25.730, que también estableció la creación del Comité Coordinador de Programas. Dos años más tarde, se dispuso la creación de una Unidad Ejecutora, dedicada al seguimiento de los proyectos y su posterior rendición de cuentas.
Fue, justamente, en 2005, cuando la AMIA presentó un proyecto para la construcción de un centro de día para la tercera edad. La Conadis lo aprobó por un monto total de un millón y medio de pesos y el mencionado espacio fue inaugurado en 2006, con la presencia de Alicia Kirchner y Jorge Telerman, según recuerda Tomy Saieg, prosecretario primero de la AMIA.
“Ese espacio nos ha permitido dar atención a más de doscientos adultos mayores, de lunes a viernes, de 8 a 21. Allí se dictan talleres de teatro, literatura, lectura, bailes folklóricos y plástica, por ejemplo”, consigna Saieg.
Ana Dorfman, que integra el Comité Asesor en representación de Mutual Israelita, recuerda que aquel año la Conadis no había logrado ejecutar todo el dinero que le correspondía por ley. ¿El motivo?: escasez de proyectos presentados que cumplieran con los requisitos exigidos.
“Había una escasa o nula difusión de la ley y una insuficiente capacitación para los destinatarios. Por esa razón, desde entonces, el Area de Discapacidad de la AMIA se puso una nueva meta: capacitar a miembros de la sociedad civil en la elaboración de proyectos”, agrega Dorfman.
Desde la Conadis, una de las razones que suele esgrimirse para justificar el retorno del dinero a las arcas estatales es que los peticionantes no cumplen con los requisitos exigidos a la hora de presentar el proyecto.
“La gente se queja y dice que pedimos muchos papeles. Pero son los que necesitamos para justificar la entrega del dinero”, explica Molero. Integrante del comité desde 2000, en representación de Arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote reconoce la ineficiencia de otros años.
“En tiempos de Marcelo Paz nos pasó que fuimos a pedir más fondos a Economía y nos dijeran que no habíamos gastado fondos anteriores otorgados. Pero ahora las cosas han cambiado. Yo diría que desde 2006 en adelante, con la creación de una Unidad Ejecutora, que recibe los proyectos, hace los seguimientos y se encarga de la rendición de cuentas, la situación ha cambiado”, reconoce.
Como dato que refuerza su afirmación, Molero asegura que del total de fondos otorgados en 2007, se ejecutó más del 90 por ciento. Mientras tanto, del dinero aprobado en 2008 (unos 39 millones), algo así como el 97 por ciento. Para este año, el monto previsto será de unos 60 millones y comenzará a estar disponible por un sistema de cuotas mensuales y trimestrales a partir de mediados del mes próximo.
Aunque uno puede imaginar que son muchas las necesidades que esperan ser satisfechas en materia de discapacidad, la Unidad Ejecutora de la Conadis no recibe demasiados proyectos de magnitud.
“Nos hemos propuesto trabajar con todas las provincias para el armado de una red de rehabilitación provincial -se lamenta Molero-. El problema es que, a veces, los organismos estatales provinciales no se animan a este tipo de proyectos, porque después, una vez construidos los centros, deberían nombrar personal y no les interesa agrandar su estructura.”
Por si quedan dudas, todo el dinero que la Conadis no ejecuta, se pierde. A diferencia de lo que ocurre en cualquier empresa, organización, o hasta entre el común de los mortales, el dinero que no se utiliza no es un ahorro o un saldo a favor para años futuros. El Estado lo reabsorbe y su destino final es un misterio, mientras la integración o la accesibilidad continúan siendo sueños imposibles en numerosos puntos del país. Aunque, curiosamente, sus posibilidades de realización estén mucho más cerca de lo que parece.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1089995
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